Por El expediente de corrupción en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, está entre los de mayor influencia en los últimos Gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Así lo explica un análisis realizado por el medio digital El Pregonero, el cual explica que este caso ha despertado las alarmas dentro de los más cercanos seguidores del expresidente Danilo Medina, miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), asumiendo una estrategia de desviar la atención de la opinión pública hacia presuntos casos de corrupción del Gobierno del PRM, como una jugada estratégica que permita detener o ”ganar tiempo» llevando el caso de Donald Guerrero, a un especie de limbo de cara a la manipulación de la opinión pública.
“Lo que queda al descubierto, cuando se analizan los 49 años que llevan usando, Gobierno tras Gobierno, la lucha contra la corrupción como arma de lujo para sus ataques, el PLD sufre ahora con Donald Guerrero la amargura de su frustración y otra caída al abismo, al cortar con su propio machete la rama donde se posaba cómodo”, expresa el análisis.
Resalta que la situación de Guerrero, no solo reluce la tanda de cargos asentados en el escandaloso expediente que lo sitúa a la cabeza de una red que desfalcó al Estado con más de 17 mil millones de pesos, sino que su gravedad se amplía ante la sospecha de que este hombre podría tener otros nexos que hasta ahora no han salido a flote.
Añade que los cargos de tipo penal en contra de Guerrero, son contundentes e incluyen asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.
Se recuerda que según la acusación de los fiscales, desde su cargo Guerrero daba instrucciones para realizar “maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales”.
Entre las pruebas preparadas en su contra, se informa que pudo comprobarse la sustracción de más de 17,000 millones de pesos, por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas.
La red de la que el expediente lo coloca a la cabeza que simulaba la compra y venta de terrenos, bajo la modalidad de deudas administrativa.
